Por: oscar_baldeon

La Ley de Libertad Religiosa ha sido promulgada por el presidente García en el Palacio de Gobierno. Lo que la ley resalta es la libre decisión por parte de los alumnos para retirarse o exonerarse del curso de religión sin que su promedio académico se vea afectado. Es aplicable a todas las instituciones educativas y de todo nivel.

Todo se ve color rosa si lo observamos desde una simple perspectiva de libertad de culto o de reconocimiento de derechos, las mismas oportunidades, etc. Sin embargo, este asunto me ha traído más de una cuestión.

Por ejemplo, lo más superficial que veo es que tiene efecto sobre toda clase de institución educativa y de cualquier nivel. Entonces, de qué manera actuarán los colegios católicos, parroquiales, de monjas, y afines a partir de la entrada en vigencia de la ley. Otra duda que tengo es referente al pago de las pensiones en los colegios. Lo lógico sería que si un alumno no desea llevar un curso de religión, no debería pagar por un servicio que no solicita, motivo por el que debería pagar menos que un alumno que sí quiere llevar el curso. A partir de esta duda se me viene otra, ligada a las maneras de “sacarle la vuelta” a la ley por parte de algunos colegios. Menciono esto porque uno de los “ganchos” es la diferencia de base moral que formarán en el educando. Esa es una distinción entre las clases de colegios.

Lo que me temo, sin cansarme de poner a los colegios religiosos  como ejemplo claro sobre el tema, es que una cantidad considerable de alumnos opten por no llevar el curso de religión. Sería una pena que dicho hipotético se cumpliera.

Con todo esto muchos pueden pensar que soy un conservador que desea una base religiosa por todas partes y que el catolicismo debe reinar y que no soy fanático de la onda agnóstica vigente. No obstante, escribo este artículo para tratar de plasmar dudas que no paran de rondar mi mente. No me considero una persona conservadora en absoluto. Apoyo la libertad de decisión y eso incluye a la libertad de culto. No soy un fanático católico del Opus Dei, de ninguna manera. Es más, me considero una oveja negra que comete  pecado repetidas veces y me hago llamar católico. Quizás la definición para mí sea “católico descarriado”.

Hago esta aclaración para evitar calificativos poco certeros y porque, siendo sinceros, la religión católica es la mayoritaria en este país y cuenta con una cantidad considerable de centros educativos en los que enseña al alumnado sus bases dogmáticas. De lo que tengo temor, llámenme romántico o dramático si quieren, es sobre el camino que le espera al país con una sociedad llena de desigualdad, frustración, largas esperanzas, pocos resultados colectivos, y demás defectos que tenemos gracias al proceso de crecimiento, desarrollo y modernización en el que nos encontramos. Mi duda central radica en el futuro de esta  ley. Toda acción trae consecuencias, y no tengo la menor idea de qué sucederá en los próximos veinte años. No sé si Perú esta destinado a parecerse a esos países potencia que cada mes tienen problemas de asesinatos colectivos en un lugar tan común como una tienda. No sé si estoy siendo exagerado con el supuesto desarraigo de la base moral. He visto a chicos alejarse de pandillas y otros elementos negativos por un esfuerzo de la institución educativa. No sé cómo han apoyado estos casos los colegios particulares regulares o los nacionales, pero puedo dar una opinión de lo que atestigüé durante 11 años en una escuela católica, con la cual también me mostré rebelde cuando estuve frente a radicalismos.

No es mi intención definir el lado positivo o negativo de la ley que el presidente García ha promulgado, sino plantear el hipotético caso de formatos ya existentes en otros países del mundo, cuyas bases morales y dogmáticas se encuentran cada vez más ajenas al individuo.

Fatalista, exagerado, dramático, pastrulo, o lo que quieran pensar de mí, les pido lo escriban en los comentarios para poder realizar otro artículo sobre este tema.