Por: Antares

Hace algunos días, mientras que llevaba a mi primo a la clínica San Borja, escuché por la radio del taxi como un periodista cuestionaba inquisitivamente a un representante de Solidaridad Nacional por el exabrupto del candidato a la presidencia de la república Luis Casteñeda de haber llamado “loca” al congresista Bruce. Finalmente, la entrevista culminó con la elegante escapada a la interrogante del entrevistador sobre la posición del señor Casteñeda y del partido en general sobre la unión civil entre personas del mismo sexo. Finalmente, muy aparte de la homofobia que pueda representar las declaraciones de este candidato, el hecho es que trajo la cuestión al estrado para el debate.

En este país que siempre se ha mostrado tan divido y separado, es importante buscar la cohesión de todos los grupos para lograr, después de casi doscientos años de independencia, la soñada unión. En ese sentido, la inexistencia de una posibilidad de unión legal para personas del mismo sexo es en esencia, en mi opinión, una discriminación per se, pues la imposibilidad de la comunidad LGTB  de celebrar uniones que sean reconocidas por el estado y se conviertan en núcleos básicos de la sociedad peruana pone en una situación de “second class citizens” a este grupo, frente a los “first class citizens” heterosexuales que sí pueden formar estos núcleos y gozar de la protección del estado.  En ese sentido, esta discriminación es tan repudiable y reprensible como el mismo racismo, pues, al igual que esta cruz que carga nuestra sociedad desde tiempos coloniales, se basa en un elemento en el cual la persona no tiene ni elección ni el control, porque muy a pesar de que se le llame preferencia sexual, no está a disposición de la persona elegirla. Ella sólo lo acepta o lo niega. Sin embargo, la negación no implica la desaparición o el cambio.

Por otro lado, la existencia y subsistencia de este tipo de discriminación  permitiría la ampliación de la misma yendo contra otros derechos que la comunidad LGTB en el Perú ha logrado conseguir como la prohibición de la discriminación en los centros laborales o en espacios públicos. En ese sentido, cabe resaltar cómo, en California, los homosexuales perdieron su derecho al matrimonio por la Proposición 8 y lo mismo podría suceder en el país si esa comunidad no lucha por avanzar.

Por otra parte, hablando del ámbito político, ha habido varias declaraciones de diversos candidatos a la presidencia y al parlamento sobre este tema, inclusive el plan de gobierno de Perú Posible hace una mención de dos líneas sobre este tema diciendo que, en un eventual gobierno de ese partido, será remitido al parlamento el proyecto de ley. Del mismo modo, también se han suscitado las infortunadas declaraciones del Cardenal Cipriani tildando de antinatural esta aspiración de la comunidad LGTB. En las últimas noticias, Kenji Fujimori ha declarado a favor de la unión civil e, inclusive, de la adopción de niños por parte de homosexuales.  De la misma manera, muchos candidatos se han mostrado a favor de la unión, pero se han mostrado reticentes con lo que al matrimonio homosexual se refiere.

Finalmente, solo me queda decir que el tema está en la mesa, pero eso no significa una victoria para la comunidad gay, pues es costumbre de nuestra partidocracia tener los planes de gobierno de adorno y tener una conveniente amnesia a lo que se refiere a promesas electorales una vez que están en el poder. En ese sentido, sólo me queda aconsejar a esa comunidad que no se guíe solamente en esas promesas, sino en el candidato, congresistas y partidos en general para que puedan hacer uso conciente de su derecho a voto, uno de los que sí tiene en común con los “first class citizens” heterosexuales.

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